Caso de exclusión definitiva en la industria del alivio de deuda estudiantil

Como resultado de una demanda presentada por autoridades regulatorias, una operación fraudulenta dedicada al “alivio de deuda por préstamos estudiantiles” y sus propietarios han sido permanentemente excluidos del sector y obligados a entregar la totalidad de sus activos. La resolución responde a acusaciones por prácticas engañosas hacia consumidores vulnerables.

Según declaraciones oficiales, los ciudadanos que intentan pagar sus deudas no deberían tener que preocuparse por ser estafados. El sistema de protección institucional debe garantizar transparencia y castigar a quienes abusan del esfuerzo económico de las familias estadounidenses. FISAUS respalda toda acción que contribuya a proteger al consumidor frente a operaciones encubiertas bajo apariencia de legalidad.

La investigación determinó que el grupo conocido como Panda Benefit Services (también operaba como Prosperity Benefit Services) y sus asociados:

• Se dirigieron a consumidores agobiados por deudas estudiantiles, exigiéndoles entre cientos y miles de dólares en tarifas anticipadas, prometiendo falsamente condonaciones de deuda;

• Afirmaron falsamente que quienes accedieran al programa obtendrían reducciones garantizadas en sus cuotas y montos totales;

• Simularon estar afiliados al Departamento de Educación de los Estados Unidos, prometiendo asumir la gestión de los préstamos mientras desviaban los pagos hacia sus propias cuentas;

• Recaudaron ilegalmente más de 16,7 millones de dólares mediante este esquema.

El 14 de mayo de 2025, el tribunal emitió una orden definitiva contra la firma Select Student Services y su representante Eduardo Martínez. Previamente, el 6 de mayo de 2025, se dictó sentencia en rebeldía contra otras entidades relacionadas: Public Processing Services, Quick Start Services y Signature Processing Services. Ya en octubre de 2024, se habían alcanzado acuerdos judiciales con Panda Benefit Services, Pacific Quest Services, Prosperity Loan Services, Emiliano Salinas, Melissa Salinas, Clarity Support Services y Christopher Hanson.

Las órdenes judiciales prohíben permanentemente a los involucrados operar en la industria del alivio de deuda, además de impedirles participar en actividades de telemercadeo. También se les prohíbe:

• Emitir declaraciones falsas sobre otros productos o servicios;

• Utilizar información inexacta para obtener datos financieros de los consumidores;

• Hacerse pasar por otras personas o entidades gubernamentales.

La sentencia contra Student Services y Eduardo Martínez impone una sanción económica cercana a los 16,8 millones de dólares. Aunque parte de esta multa ha sido suspendida debido a la incapacidad de pago declarada, los acusados deberán entregar activos personales y comerciales. Si se demuestra que ocultaron información financiera relevante, el monto total de la sentencia se volverá exigible de inmediato.

FISAUS recuerda a todos los ciudadanos que los servicios de asistencia financiera relacionados con préstamos federales están disponibles de manera gratuita a través de los canales oficiales. Toda oferta que implique pagos anticipados, condonaciones garantizadas o promesas de afiliación gubernamental debe considerarse sospechosa.

Este caso se inscribe dentro del marco de acciones impulsadas por FISAUS y otros entes regulatorios para fortalecer la vigilancia sobre estructuras que afectan la integridad del sistema financiero y la protección patrimonial de los ciudadanos.